DIARIO VASCO (2015-10-04)
'La fuerza no proviene de la
capacidad física, sino de una voluntad indomable'. Esta frase de Mahatma Ghandi
es la que recibe al visitante cuando accede a la página web de Jessica, una
joven irundarra de 22 años que cursa segundo de un grado superior de Animación
3D Juegos y Entornos Interactivos. Pablo es de Usurbil, tiene 16 años, y
estudia un grado medio de Preimpresión en Artes Gráficas. Ambos se forman en el
centro Ceinpro de San Sebastián y el año pasado superaron el primer curso.
Acaban de comenzar el segundo y último año con el que conseguirán su titulación
oficial. Hasta aquí son dos historias que no tendrían por qué salir en estas
páginas si no fuera porque los dos cuentan con una discapacidad motórica del
95%.
La fuerza de
voluntad de estos dos jóvenes ha posibilitado que hayan superado todos y cada
uno de los obstáculos que la vida les ha ido poniendo por delante. Pero acaban
de encontrarse con un muro casi infranqueable incluso para estos dos luchadores
incansables: la burocracia. Ambos, al igual que sus compañeros de curso,
deberían a partir de febrero concluir sus estudios con unas prácticas en alguna
empresa del territorio. Pero es en este momento cuando llega el problema.
Jessica y Pablo necesitan de una persona de apoyo para que atienda sus necesidades
básicas, como pueden ser limpiarles si se ensucian o ayudarles a ir al baño, ya
que por sí solos no pueden hacerlo. Pero a partir de febrero no contarán con
esa persona auxiliar que necesitan en las prácticas que realicen.
Hasta el pasado 3 de
septiembre, los padres de Jessica y Pablo no tenían conocimiento de que sus
hijos no contarían con esa ayuda tan necesaria e imprescindible en sus
quehaceres diarios. «Antes de comenzar el curso los responsables de Ceinpro,
Berritzegune -centro de apoyo de la red de enseñanza- y los padres tuvimos una
reunión en el centro, donde se nos dijo que la ley no contempla que nuestros
hijos puedan hacer las prácticas junto a una persona que les acompañe», explica
enfadado Juan Martín, padre de Jessica. Nada más conocer la situación con la
que se encontrarían sus hijos a partir de febrero, los padres de los dos
jóvenes decidieron remover Roma con Santiago para que «no se vean privados de
sus derechos» y mandaron sendas cartas al Departamento de Educación del
Gobierno Vasco denunciando la situación.
El siguiente paso fue ponerse en
contacto con Elkartu, la Federación Coordinadora de Personas con
Discapacidad Física de Gipuzkoa, «para intentar mover aún más el tema y que no
se quede ahí», reclama Juan Martín. Una de las cuestiones que más enfado y
dolor está provocando a estos padres es que el Gobierno Vasco aún «no se haya
puesto en contacto con nosotros para decirnos qué se puede hacer, pero por
contra sí han hablado con Elkartu». Pocas soluciones sustrajeron los
responsables de la plataforma de la reunión con Educación, ya que «desde el
departamento solo se ha confirmado que la ley no contempla que nuestros hijos
puedan tener una ayuda en la empresa».
Estas explicaciones por parte del
Departamento de Educación han provocado que el enfado y, sobre todo, la
frustración de estos padres, haya aumentado de manera considerable. «Los mismos
que hacen las leyes y dicen dar oportunidades a todas las personas están
discriminando a nuestros hijos», denuncia con vehemencia Martín. «Es una ley
incompleta y creo que alguien ha fallado». La lucha que acaban de comenzar
estos padres tiene, en gran medida, como objetivo que sus hijos puedan tener
una ayuda externa durante las prácticas, pero también está motivada por los
alumnos discapacitados que vendrán por detrás. «En los tiempos que vivimos,
cada vez con más tecnología, dentro de nada será normal que personas como
Jessica y Pablo accedan a este tipo de estudios, por lo que también miramos por
estas personas», dice Juan. «Creo que les ha pillado por sorpresa, no se
esperaban encontrarse con dos chavales con estos problemas que pudieran
estudiar», reflexiona Felipe de Sosa, padre de Pablo.
«La
lucha, parte de la rutina»
Esta lucha que han
comenzado estos cuatro padres para que los derechos de sus hijos se vean
cumplidos «ya es parte de la rutina», señala Cristina, la madre de Pablo. Cada
patada que han recibido por parte de la sociedad la han superado levantándose y
siguiendo para adelante. Y esta vez, dicen, no será una excepción. «Es muy duro
encontrarte en una situación como esta. A los dirigentes se les llena la boca
hablando sobre igualdad, dicen que van a dar ayuda y cuando se encuentran con
una situación como la nuestra, en la que los chavales no podrán seguir
estudiando y creo que hay tiempo para solucionarlo, no hacen nada. Ni se han
dignado a hablar con nosotros», denuncia Cristina.
Lo más sangrante de la
circunstancia que viven Jessica y Pablo, recuerdan, es que si no realizan las
prácticas no recibirán el diploma correspondiente que acredita que han superado
sus estudios. «Si no cumplen estas horas no obtendrán la titulación», denuncia
Felipe. «Dos chavales que están sacando los cursos con buenas notas y que son
más que capaces para sacarse el título, no lo van a poder hacer por la falta de
ese auxiliar. Nos parece indignante», subraya. Asimismo, la matrícula de
estudios que han pagado los padres de Jessica y Pablo corresponde a los dos
años de estudio, con las prácticas incluidas. «La matrícula nos la han cobrado
igual. Y lo peor es que desde el Gobierno Vasco han explicado a Elkartu que no
tendrían que haber sido matriculados».
No es la primera vez que Jessica
se encuentra en esta «situación de desamparo». Hace dos años, cuando cursaba el
grado medio de Preimpresión en Artes Gráficas, tuvo que realizar las prácticas
en un aula que le acondicionó el propio centro de estudios, «algo que ahora
está prohibido hacer», señala Cristina. «Estamos pasando por lo mismo que ya
pasó Jessica, ya que lo que estudia ahora es un paso intermedio para seguir
estudiando, a pesar de las trabas que nos ponen. El miedo que tenemos es que
dentro de dos años nos encontremos con el mismo escenario», explica. Una de las
soluciones que se les ha propuesto es que ambos vayan a la empresa junto a
alguno de sus padres o realicen sus ejercicios de prácticas en casa. Una opción
que los dos jóvenes rechazan con rotundidad. «Ir con mi madre a hacer las
prácticas me da vergüenza. Yo quiero ser uno más con mis compañeros, como hasta
ahora», explica con un hilillo de voz, pero con claridad, Pablo.
Aunque cognitivamente ambos no
sufren ningún tipo de problema, la capacidad de moverse con una discapacidad
motora del 95% es mínima tanto para Pablo como para Jessica. Por ello, es
necesario que las 24 horas del día una persona esté atenta a sus movimientos
para cualquier necesidad que tengan. Cristina quiere dejar claro que «el
auxiliar no va a hacer su trabajo. Son autosuficientes para sacar adelante la
tarea. Lo único que tendrían que hacer es estar atentos para llevarles al baño
si lo necesitan o, por ejemplo, limpiarles cuando estornudan. Nada más. Creo
que no somos nosotros lo que deberíamos hacer esta tarea».
Hoy en día el futuro laboral es
incierto para la gran mayoría de la sociedad. Mucho más aún para personas como
Jessica o Pablo. Es por ello que desde el Departamento de Educación se ha
puesto sobre la mesa si en un futuro también necesitarían un auxiliar en una
empresa. «Ya veremos lo que pasa dentro de unos años. ¿Quién te dice que no pueda
trabajar desde casa? Además, en el oficio que han elegido cada vez son más las
personas que trabajan desde casa y sacan su vida adelante con encargos. ¿Por
qué ellos no?», se pregunta Felipe. «En un tiempo me veo en casa, diseñando
páginas web», le responde Pablo, su hijo.
Desde Elkartu, la asociación que
lucha por los derechos de los discapacitados en Gipuzkoa, recriminan que «las
necesidades de estos chavales no están cubiertas. Si cogemos la ley, uno de sus
apartados señala que una persona con alguna discapacidad no puede ser
matriculada, lo que es una vulneración de derechos, ya que estos dos chavales
son muy capaces de sacar adelante el curso. Están viviendo una discriminación»,
recalca Rosa Ugalde, trabajadora social de esta plataforma.
«Notamos que hay que hacer
algunos cambios legislativos porque cada vez serán más normales casos como el
de Jessica o Pablo. ¿Quiénes son ellos para decirles que no pueden estudiar
porque necesitan una persona? Cada persona, y no un papel, debe ponerse los
límites y ver hasta dónde puede llegar», incide.